Realizar conexiones fraudulentas configuran un delito

A raíz de los recientes casos de conexiones fraudulentas descubiertas por funcionarios de Uniaguas S.A. especialmente en el municipio de Sahagún, la empresa de acueducto y alcantarillado le recuerda a sus usuarios que el Código de Policía contempla sanciones para quienes manipulen las redes de distribución de las empresas de servicios públicos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 256 de la Ley 599 del 2000, las conexiones fraudulentas no solo dan lugar a la suspensión y/o corte del servicio, tal y como se prevé en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, sino que puede llevar, incluso, a la comisión del delito de defraudación de fluidos, evento en el que el prestador afectado puede acudir ante las autoridades respectivas, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos.

Dicho artículo señala puntualmente que quien mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y en multa de uno a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este caso, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales conocer las conductas de los posibles infractores. La respectiva denuncia debe presentarse en el territorio donde se presenta el presunto hecho punible.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio El Carmen del municipio de Sahagún, donde un funcionario de la empresa de telefonía Claro fue sorprendido realizando una reconexión fraudulenta a un usuario.

La empresa de acueducto y ancantarillado Uniaguas S.A. a través del funcionario Victor Parra intentó instaurar la respectiva denuncia por el delito de defraudación de fluidos previsto en el Código Penal ante la Fiscalía de Sahagún, sin embargo, el fiscal no recibió dicha denuncia configurándose una omisión por parte del  funcionario del ente judicial.

OJO AL DATO

Aunque el delito de defraudación de fluidos previsto en el Código Penal se extiende a todos los servicios públicos domiciliarios, requiere querella de parte, pues el aparato judicial no conoce la conducta de oficio, señaló la superintendencia.